La iniciativa tiene por objetivo la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, en especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile.

Chile ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, asumiendo así la obligación de adoptar medidas administrativas y legales para dar efectividad a los derechos reconocidos en el tratado internacional.

Así, los primeros avances en el país consistieron en una legislación especial sobre responsabilidad penal adolescente, el cese de la diferenciación entre hijos legítimos y naturales, y la eliminación de los juzgados de menores.